ECUADOR: ¿La derecha en el poder?

Ecuador acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa quien se presentó como un outsider, pero era candidato de la Alianza Democrática Nacional (ADN), coalición conformada por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) formado por la familia del ex Presidente Lenin Moreno (vice presidente durante los 10 años del gobierno de Correa) y MOVER una fracción del desintegrado Alianza País que se separó del correísmo. Si bien se autodefine como de centro izquierda el programa de Daniel Noboa es claramente neoliberal.

Hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador asumirá el cargo por un año y tres meses que son los que se necesita para completar el periodo presidencial del actual presidente Guillermo Lasso.

Su familia es parte de uno de los grupos monopólicos más poderosos del Ecuador. Su padre Álvaro Noboa es dueño de más de 100 empresas agroexportadoras, industriales y financieras, especialmente concentradas en la producción y exportación de banano y otros productos agrícolas de exportación; también de empresas agroalimentarias y bancos.

¿Porque el presidente Lasso tomo la decisión de usar el mecanismo tildado como de “muerte cruzada”?

Hay que tener en cuenta que la Constitución Ecuatoriana autoriza al Presidente a cerrar el Congreso (Asamblea Nacional) si a la vez renuncia y convoca a elecciones generales.

Durante meses, el presidente y el Congreso se amenazaron mutuamente. Los legisladores con destituir a Lasso y éste con que iba a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones.

Por segunda vez Lasso se encontró con un antejuicio político en el Congreso donde se le acusaba de peculado (uso ilegitimo de dinero o bienes públicos para beneficio propio o de terceros) y donde asomaba claramente la destitución. La comisión de fiscalización del Congreso emitió un informe liberándolo de responsabilidad al no haber pruebas, pero la oposición que controla esta comisión impidió la aprobación del informe.

A pesar de ello el 9 de mayo el pleno del Congreso aprobó continuar con el juicio político al presidente Lasso es decir iniciar las audiencias de destitución. Para destituir al presidente se requieren 92 votos y 88 ya habían votado por continuar adelante con el juicio político, lo que indicaba que la destitución se encontraba muy cerca.

La Corte Constitucional del país había aprobado una acusación de malversación contra el presidente, pero rechazó dos acusaciones de soborno. El presidente se defiende señalando que el contrato materia del debate se firmó antes que el asumiera el cargo.

La acusación estaba siendo investigada por el Congreso y es de naturaleza política. No se trata de un cargo criminal. La sesión donde se aprobaría la destitución se llevaría a cabo el 20 o 22 de mayo. Adelantándose a ello, el 17 de mayo el presidente Lasso uso el mecanismo que la Constitución le permitía y cerro el Congreso.

¿Cómo se llegó a esto?

Podemos empezar con los resultados de las elecciones intermedias del 5 de febrero último donde se eligieron autoridades municipales y provinciales junto a una Consulta Popular que pretendía -según el gobierno- lograr la aprobación de su política para enfrentar la violencia e inseguridad, fortalecer la institucionalidad y frenar el deterioro ambiental. Puso todos los huevos en una sola canasta.

Ni la millonaria campaña a favor del SI, ni el discurso agresivo del presidente que llego a calificar a los que voten por el NO como “narcotraficantes” y “antipatria” impidió que la población le diga NO a las 8 preguntas de la Consulta Popular y le diera una mínima representación a las candidaturas del oficialista Movimiento CREO.

Este fracaso político unido a otros, todos alrededor del combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado donde su único eje discursivo era combatir a la delincuencia con “mano dura”, involucrando a los militares mediante estados de excepción y encargándoles la tarea a los ministerios e instituciones vinculadas a la seguridad.

Este discurso se contradecía con lo que hacía al no asignar los presupuestos suficientes para dotar a la policía y las fuerzas del orden de los equipos e insumos para combatir una delincuencia cada vez más armada y organizada.

Y cuando pretendió que las FFAA intervengan junto a la Policía en la lucha contra el narcotráfico, el Tribunal Constitucional acogiendo una Acción de Amparo se lo impidió.

Decreto también el libre porte de armas para los civiles, reconociendo que el Estado no tiene capacidad para actuar frente a la situación y favoreciendo más bien a la delincuencia y a los vendedores de armas.

¿Son la violencia y la inseguridad ciudadana el principal problema?

Sin duda alguna. Es imposible no mencionar las ocho masacres en las cárceles con más de 400 muertos o el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio de tres disparos a días de las elecciones. Su asesino, un colombiano con antecedentes murió horas después en un enfrenamiento con la policía. Y este mes de octubre siete colombianos sospechosos de haber participado en el asesinato fueron asesinados en prisión. El que sabe sumar que sume.

Y Villavicencio no era cualquier candidato. Hablaba fuerte, claro y señalaba con nombre propio. Aseguraba que Ecuador se había convertido en un "narcoestado", proponía restablecer la seguridad con las fuerzas armadas y la policía en las calles, y paralelamente emprender una lucha contra lo que denominaba la "mafia política".

"Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político", dijo en una entrevista. Más claro el agua.

Venía creciendo en las encuestas y últimos sondeos lo colocaban en segundo lugar en las preferencias de los ciudadanos. Los resultados posteriores confirmaron esa preferencia.

Entonces el principal problema que va a tener que encarar el presidente electo Daniel Noboa es el de la violencia y la delincuencia. Los números son alarmantes el 2021 se tenía una tasa de 13,7 muertes por cada 100,000 habitantes. El 2022 la cifra fue de 25 casos por cada 100.000 habitantes (creció más del 80%). El 2023 la situación es peor: si el 2022 se tenía 10,4 muertes violentas diarias ahora la cifra es de 17,4

¿Qué había pasado?

La aplicación del plan Colombia de Uribe, desplazo el narcotráfico hacia las fronteras y Ecuador al estar en medio de dos paises productores y exportadores de cocaína y mariguana, comenzó a ser no solamente zona de tránsito, sino también productor de cocaína.

En 2022, Ecuador figuro como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Las autoridades ecuatorianas confiscaron 18 toneladas de drogas en 2010. Diez años más tarde el 2020 fueron 128 toneladas. Un año después, en 2021, se decomisaron 201 toneladas, la mayor cifra de incautación en la historia de Ecuador.

La violencia generada principalmente por el narcotráfico, además se nutre de otros como el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de órganos, actos ilícitos que muchas veces se hallan vinculados entre sí.

Si bien la violencia está distribuida por todo el pais, Guayaquil es la ciudad más afectada. Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.

El Ministerio del Interior informan el registro de 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país, y de ellos 72 casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil.

Si el principal problema del Ecuador es el delito y la violencia asociada es imposible no referirse al modelo aplicado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, cuyos logros son indiscutibles, pero la particularidad de Ecuador no permite un copia y pega.

Primero porque en el Ecuador el régimen político actual no existe una institucionalidad coordinada que con el liderazgo adecuado pueda responder a una estrategia y un plan integral de lucha contra la delincuencia organizada. La debilidad de la institucionalidad hay que señalar que producto del expresidente Correa.

Segundo los logros obtenidos en El Salvador tienen un alto costo económico y aunque no circulan cifras una mega cárcel para 60 mil reclusos no debe ser barata de construir y mantener.

Tercero el costo político, pues sabemos que esta lucha tendrá en el progresismo instalado en las ONG de derechos humanos un escollo a superar.

¿Qué escenario político tendrá el presidente Noboa?

Lasso estuvo enfrentado al Congreso y al Poder Judicial. Noboa tendrá que tender puentes desde el primer día. No tiene tiempo, ni aliados incondicionales. La nueva composición del Congreso ecuatoriano no da mayoría a ningún grupo. Revolución Ciudadana (Correistas) tiene 48 congresistas, le sigue Construye del asesinado candidato Villavicencio con 28, el Partido Social Cristiano con 13 y ADN el partido de gobierno igual con 13 congresistas y después todos los grupos menores. Esto implica que las alianzas se harán necesarias para todos,

Finalmente hay que reconocer que sin una dosis de firmeza del gobierno y la colaboración de los demás poderes del Estado y algunas restricciones a los derechos civiles en el marco de su Constitución no será posible derrotar o por lo menos controlar al crimen. Y hay que tener claro que nadie ha logrado hacer tortillas sin romper huevos.

Si bien el programa de Daniel Noboa es claramente neoliberal, veremos que puede hacer en un mandato de 17 meses, a partir del 25 de noviembre cuando asuma el cargo, aunque ya ha adelantado: “atender lo urgente: reducir la violencia, la desocupación juvenil, y generar empleo

Ha empezado reuniéndose con el Consejo de Seguridad donde recabo información sobre los 11 grupos de delincuencia organizada, en qué territorios operan, cuáles son las rutas de la droga, el alcance de sus operaciones conexas como el tráfico de armas y la minería ilegal también la situación en las cárceles del país, los avances en las estrategias de inteligencia policial y militar y las leyes que se deberían impulsar en el Congreso.

Veremos, a los jugadores se les ve en la cancha.

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